sábado, 7 de junio de 2025

La degradación política

Desde 2016 vivíamos en Bolivia el conocido como “proceso de cambio”, dirigido por el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), con la excepción de los años 2019 y 2020, tras el golpe de estado perpetrado por la derecha, las fuerzas armadas y la policía boliviana. Este proceso social, político y económico sacó a Bolivia de la miseria y desigualdad en la que vivía, creando condiciones para un desarrollo sostenible, con justicia social, con crecimiento económico de todos los sectores sociales, con respeto a los pueblos indígenas, sus culturas y territorios, con una educación coherente con el proyecto político, en busca de una verdadera soberanía política, cultural y económica, desde los valores del Buen Vivir. Sin embargo, en estos últimos tiempos asistimos, con una mezcla de decepción y rabia, al desmonte no solo del proceso de cambio, sino de la base social que lo creó. 

La experiencia del MAS-IPSP era verdaderamente novedosa y abría un nuevo paradigma en la forma de hacer política no solo en Bolivia, sino en el mundo democrático. Los sectores sociales organizados, los pueblos indígenas, los diferentes sindicatos de base, el pueblo campesino y obrero, crearon un instrumento político (nunca llamado de “partido”) para llegar al poder y, desde ahí, cambiar la estructura legal y administrativa del estado, a fin de transformar en políticas sus demandas, necesidades y propuestas para el presente y futuro del país, rompiendo con una historia de negociados, compraventas y repartos del poder entre la oligarquía económica y las clases criollas privilegiadas. Todos estos movimientos sociales eran el cerebro y la mano que diseñaba las políticas a seguir, eligiendo para ello a sus candidatos a los diferentes órganos de poder, quienes debían “gobernar obedeciendo” siempre a las bases. Tuve la suerte de participar de congresos y ampliados de la central campesina a nivel municipal e, incluso, departamental y pude vivir con emoción cómo se hacía política de verdad, escuchando al pueblo humilde, recogiendo sus inquietudes y necesidades, marcando las líneas que, posteriormente, debían seguir sus dirigentes y los diferentes cargos electos. Nadie hablaba en su nombre, nadie se autoproclamaba representante de otros, nadie se autocandidateaba. Conozco a muchas personas que han ocupado cargos importantes a diversos niveles y que, una vez culminada la misión para la que fueron electos, volvieron a su vida de siempre con las manos limpias, con el deber cumplido y sin creerse más que nadie. Evidentemente, no todo era perfecto, también dentro del MAS-IPSP existieron siempre los “profesionales” del cargo, personas que llegaban al juego político aupados por sus bases pero que, una vez instalados, hacían cualquier cosa para permanecer en algún cargo que garantizar su bienestar económico. Estos políticos de profesión son los que han ido dinamitando el proceso de cambio, porque reproducían dentro del MAS lo que había sido una de sus banderas fundamentales: romper con la política como profesión y con quienes se aferran a ella, traicionando lo que sea necesario para no perder poder, prestigio y un buen sueldo. 

El proceso de cambio se vino al traste el día que un gobierno del MAS-IPSP se negó a obedecer a las bases que, de forma reiterada en diversos congresos nacionales, exigió el cambio de algunos ministros por considerar que no seguían las líneas marcadas por el movimiento, llevando adelante políticas que, incluso, parecían ir contra sus propias bases. Cuando el presidente del estado ignoró estas exigencias y, desafiando a sus bases, los ratificó en sus cargos, se produjo una ruptura definitiva que acabó con el instrumento político. No era solo el cambio de ministros, también se indicaron algunas políticas en materia económica que el gobierno no estaba sabiendo o queriendo aplicar, así como la corrección sobre otras que no eran coherentes con el proyecto del MAS para el país. Sin embargo, el gobierno no contempló ninguna de las decisiones tomadas en congreso, desconociendo su autoridad y desacreditándolos por estar, supuestamente, manipulados por traidores y enemigos internos, liderados por Evo Morales. El enfrentamiento del gobierno con el MAS-IPSP se transformaba ahora en una guerra personal entre Lucho Arce y Evo Morales. Pero tampoco terminaba todo ahí. Ya desde antes, el vicepresidente David Choquehuanca, creyéndose el nuevo mallku (líder del pueblo Aymara), había iniciado un trabajo en las bases aymaras para romper con el proyecto del MAS-IPSP, acusándolo de estar bajo el control de Evo Morales y del movimiento cocalero (pueblo quechua del trópico de Cochabamba). Incendió el altiplano para romper con los demás movimientos sindicales, especialmente con aquellos de origen o mayoría quechua. De esta forma, Choquehuanca rompía con una tradición que había sido fundamental en las últimas décadas, la dirigida por el auténtico Mallku, Don Felipe Quispe, quien siempre había antepuesto la unidad de los pueblos indígenas, campesinos y obreros, a las causas del movimiento katarista. El proceso de cambio comenzaba a resquebrajarse por todas partes, alimentado por políticas económicas interesadas más en mantener la imagen del gobierno que en sostener realmente al país, ignorando las señales de una crisis económica sin igual. 

Y así llegamos al momento actual, a pocos meses de las elecciones generales, con el país en una crisis profunda a todos los niveles, con una inflación por las nubes, aunque se intente ocultar, con una conflictividad social a flor de piel y que en cualquier momento puede estallar. Desde el gobierno se intenta dar una imagen de normalidad, mientras los precios de todo lo necesario suben cada día. Intentan aparentar que se respeta el marco legal, mientras existen detenciones arbitrarias y sin proceso, mientras se crean causas jurídicas contra rivales políticos sin pruebas, mientras continúan en su cargo los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de forma absolutamente ilegal, controlando desde ahí al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), quien acepta o rechaza los partidos y candidatos que se presentarán a las elecciones de agosto, mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impide a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fiscalizar a los ministros de gobierno, como le corresponde por mandato constitucional. 

No quiero con esta reflexión posicionarme políticamente con uno u otro candidato, pero sí que necesito expresar mi desencanto con quienes anteponen el cargo al bien común, con quienes hacen de la política su modo de vida, con quienes persiguen incondicionalmente el sonido del dinero y no de los proyectos políticos, con quienes solo quieren acceder al poder para volver a garantizar el saqueo de los recursos y engordar su patrimonio familiar, con quienes alimentan el racismo y la discriminación creyéndose una raza superior y con más derechos que la mayoría popular, campesina e indígena. 

Retomar las claves del proceso de cambio, la unidad de los movimientos sociales, campesinos, obreros e indígenas, devolver la soberanía al pueblo quitándosela a la clase política, no es solo un buen deseo, es una urgente necesidad. Lo contrario nos llevará, de nuevo, al desastre como estado y como sociedad.